Política

Geopolítica Imperial y Recursos Naturales

Gian Carlo Delgado Ramos[1]

     Históricamente, el saqueo de recursos naturales y la explotación de los pueblos latinoamericanos como fundamento de la acumulación de capital, ha sido punto nodal en la geopolítica imperial hemisférica; háblese de la Colonia española o la Pax Americana. Desde esa perspectiva, las peculiaridades espaciales-territoriales[i] de la región, han terminado por precisar las líneas más adecuadas de subordinación, dentro de un marco de correlación de fuerzas de poder contradictorias, que buscan las mejores opciones de estímulo de tal acumulación de capital a favor de los principales grupos de poder económico.

   En los últimos años, la proyección geoeconómica y geopolítica estadounidense, en particular sobre “su” zona inmediata (que se abre como un abanico, cubriendo al menos a México, Centroamérica y Colombia), viene revelando esquemas crecientemente expoliadores que le permitirían alinear al hemisferio a las necesidades imperiales de las primeras décadas del siglo XXI. Del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), se pretende pasar entonces a la conformación de lo que el presidente de México, Vicente Fox, ha denominado Plan Puebla Panamá (PPP); pero más aún, a la consolidación de un Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), en la que se reconfirmaría, aún más, la Doctrina Monroe, en el sentido literal de “América para los americanos”.

   Como resultado de las dimensiones del saqueo y explotación de América Latina (AL), dicho proceso, ha de ir acompañado de un recrudecimiento de la actuación policíaca-militar, contrainsurgente y paramilitar de parte de los Estados nación latinoamericanos y sus aparatos de seguridad. Estos últimos cada vez más coordinados con el Departamento de Defensa de EUA y con la Agencia Central de Inteligencia (CIA) mediante su brazo diplomatico/civil: la Agencia Estadounidense de Cooperación Internacional (Usaid). Pero ojo, lo anterior no excluye la intervención directa de EUA desde sus numerosas bases y otros posicionamientos militares, a través de programas de “ayuda” militar (como el Plan Colombia), o programas clandestinos de macro y micro blanqueo de población (sobre aquellos grupos o personas clave de los movimientos sociales que contradigan los intereses imperiales estadounidenses).[ii]

   John Saxe-Fernández atinadamente señala que ese proceso de saqueo o de enlazamiento y profundización de desestabilizantes fuerzas de centrifugación capitalista, debe de ir reforzado de la correspondiente tendencia a la centripetación y proyección del poderío policíaco-militar.[iii] El TLCAN, maniobrando con esa táctica, ha fungido, en palabras del autor, como mecanismo para consolidar la compra-venta de México en favor de la cúpula empresarial de EUA. En ese sentido, se puede leer en su más reciente libro que: “… el entonces vicepresidente de EUA, Albert Gore, expresó poco antes de que el tratado fuera aprobado en el Congreso de su país: ‘… el TLCAN es tan importante para nosotros como la compra de Luisiana y la compra de Alaska.”[iv] En efecto, y como desarrolla detalladamente el autor, el resultado ha producido la compra-venta de ferrocarriles y carreteras, lo que se ha venido extendiendo rápidamente, mediante iniciativas y proyectos de privatización formal y/o de facto, hacia el sistema bancario y de pensiones, puertos, aeropuertos, telecomunicaciones, espacio satelital, sistemas de almacenamiento, distribución y tratamiento de agua y granos, gas, electricidad y petróleo, etc. Inclúyase, además de los hidrocarburos, otros recursos naturales que, desde la firma del Tratado, han sido intensamente transferidos bajo la “nueva” lógica del comercio internacional a precios de “socio comercial”. Me refiero a recursos como madera y celulosa para la producción de papel, fibras, chicle, látex y demás biodiversidad de interés comercial, incluyendo su capacidad como “banco de genes” al servicio de las multinacionales biotecnológicas y afines.[v]

     El apabullante saqueo, desde luego no se restringe a la zona del TLCAN. Una investigación que realizaron Saxe-Fernández y Núñez[vi], muestra que entre 1976 y 1997 AL realizó una transferencia de excedentes a favor de los países ricos, conservadoramente estimada en 2 billones 51 mil 619.1 millones de dólares, deflactados al PIB 1990 de EUA.[vii] Esa dinámica de transferencia de excedentes está consolidada en sinergia al pago de la deuda y sus intereses, lo que entre otras cosas, ha llevado a la creciente depredación de la naturaleza y al empobrecimiento de los pueblos latinoamericanos, y que promete agudizarse todavía más con la implementación de los mencionados esquemas de integración. Los datos son contundentes. El pago de servicios de la deuda de AL entre 1982 y 1996, fue de al menos 718 mil millones de dólares, mientras que el total de la deuda externa de AL ascendió en 1996 a los 623 mil millones de dólares.[viii] La tendencia se mantiene hasta ahora.

    De orden mayor son las implicaciones de la mencionada desnacionalización de los activos estratégicos, incluyendo la de los recursos naturales o activos naturales. Todo lo que un país defiende en caso de guerra es justamente lo que se ha venido rematando, algo que es en extremo delicado, ya que en caso de “desestabilización social interna” es más que factible, como lo indica Saxe-Fernández para el caso de México, que sea EUA quien defienda en nuestros territorios lo que “compraron” sus empresarios. No es de extrañar entonces, que uno de los principales objetivos del TLCAN fuese garantizar la seguridad y operatividad de las inversiones extranjeras, hecho que debería llevarnos a poner atención en las negociaciones del ALCA y las amplias concesiones que una elite de poder latinoamericana, bien identificable, viene endosando a costa de la seguridad nacional de los Estado-nación al sur del río Bravo, sus recursos y su gente.

Paralelamente, tres elementos resaltan por sus dimensiones centrifugadoras y centripetadoras en Mesoamérica: el PPP, el Corredor Biológico Mesoamericano (CBM) y, por su proximidad, el Plan Colombia.

    Por un lado, el PPP, según sus impulsores, se cimienta en “... políticas de estado que promuevan, incentiven y faciliten las inversiones productivas privadas.”[ix] Opera formalmente en los estados mexicanos de Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán, así como en los siete países centroamericanos. Tiene proyectos de inversión, mucha de la cual es extranjera, en carreteras, puertos marítimos, tendidos eléctricos y de comunicaciones (incluyendo los de fibra óptica), plantas generadoras de electricidad (termoeléctricas, hidroeléctricas), oleoductos y gasoductos, ferrocarriles, aeropuertos, canales secos y de agua, corredores industriales-maquiladores (algunos interoceánicos), proyectos turísticos o “ecoturísticos” de inspiración multinacional, etc.

     Por el otro lado, el CBM, que opera en la misma región geográfica, alude a la inversión de capital para la “conservación y uso sustentable” de los recursos naturales. Es un esquema en el que por “uso sustentable”, se entiende la explotación de recursos estratégicos (biodiversidad, forestas, agua, etc.) por parte de un selecto grupo empresarial, extranjero en su mayoría.[x] Amplias han sido las denuncias[xi] acerca de la funcionalidad del CBM para abrir las puertas al saqueo de los recursos bióticos mediante proyectos de “bioprospección” o, mejor dicho, de biopiratería.[xii] Los promotores del CBM informan a los mesoamericanos que se trata de un proyecto de poco más de 17 millones de dólares (mdd)[xiii], mientras que el documento oficial del Banco Mundial (BM)/Global Environmental Facility (GEF), principales promotores del CBM en favor de sus multinacionales, puntualizaba en el año 2000 que, “… el GEF acordó hacerse cargo de 66.99 mdd de los 90.05 mdd que comprendía el presupuesto inicial.”[xiv] Para el 2001, otro documento del BM/Banco Interamericano de Desarrollo (BID) presentado en Europa, referente a la “perspectiva del financiamiento internacional” en el CBM, señalaba que: “... los montos de las inversiones financiadas por ambas instituciones directamente relacionadas, ascienden a 888 mdd y las indirectamente asociadas a 4,541 millones; es decir 5,429 mdd en total.”[xv]

      Lo anterior evidencia que lo que está en juego, no puede ser únicamente un inocente proyecto que se limita a la conservación de la riqueza biológica mesoamericana, lo que lleva a pensar en el grado de sinergia que se pretende establecer entre el CBM y el PPP para refinar el procedimiento de saqueo y explotación de la región. La apresurada negativa de los country managers[xvi] mesoamericanos acerca de cualquier tipo de vinculación no se hizo esperar.[xvii] Con señalamientos escuetos que dejan poco claro cómo es que proyectos de esas características y que operan en un mismo territorio, no tienen nada que ver; dichos country managers han “olvidado”, cuando menos, dar explicaciones sobre la ejecución de vigorosas actividades castrenses y de otros aparatos de seguridad e inteligencia, a las que se les agrega el abierto contexto militarizado de Colombia. Este último país, objeto de lo que se ha calificado como “un intercambio de armas (estadounidenses) por droga (colombiana)”, también ha experimentado, por medio del Plan Colombia, la penetración masiva de capitales extranjeros, el grueso de EUA. De ahí que el Departamento de Estado de ese país (DdE) señale que el objeto de los convenios no castrenses es para, “… contribuir a la financiación de programas de alternativas viables a los cultivos ilícitos, al mismo tiempo que destina fondos para la construcción de infraestructura rural y a la promoción de una mejor administración de los recursos naturales.”[xviii]

    La relación entre geopolítica imperial y recursos naturales, se entienden mejor si se revisa espacialmente la localización de emplazamientos militares y afines, con respecto a las principales reservas de biodiversidad, agua, petróleo y minerales.

    En Mesoamérica se pueden visualizar una serie de corredores de recursos relativamente continuos de dichos recursos, e incluso algunos de ellos se superponen. Según indica un estudio, “… las regiones del trópico combinan su alta incidencia de biodiversidad con las altas concentraciones de minerales. Juntas… [a nivel mundial]… representan importantes centros de producción de minerales con el 17.4% del hierro, 14.2% del cobre, 2.2% del oro y el 50.4% de bauxita.”[xix] Esas mismas zonas megadiversas atraen las lluvias y la humedad atmosférica, factores que contribuyen a incrementar sus importantes reservas de agua dulce. Por ejemplo, el traslape de tales corredores se identifica en el biodiverso estado de Chiapas (México) donde hay substanciales yacimientos de petróleo, uranio y otros minerales, y cuantiosas reservas de agua. En Guatemala “coincide” la densa selva maya, la abundancia de ríos y lagos del Petén y los yacimientos petroleros del noroeste (región de la Laguna del Tigre). En Nicaragua los yacimientos de oro y los bosques de la región este; así como la cuenca petrolera marina del Atlántico, justo en zona de arrecifes de coral -límite marítimo con Honduras-, y punto de confluencia de zonas terrestres megadiversas (Mosquitia, Honduras y Misquitos, Nicaragua). Los yacimientos de cobre de Honduras se dispersan en la zona boscosa de pino del oeste y parte de las montañas de Comayagua. Las minas de cobre (Cerro Colorado) se empalman con la alucinante riqueza biótica e hídrica de la Comarca Ngobe Bügle en Panamá; etc.

    Esta misma zona del hemisferio se encuentra plagada de emplazamientos castrenses de EUA. Un sistema de vigilancia para México, Centroamérica y el Caribe opera con una red compleja de fuentes. Si nos movemos de Norte a Sur, nos topamos con el radar ROTHR de Corpus Christi en Texas, las bases-radares de Soto Cano en Honduras, la de Guantánamo en Cuba y la de Puerto Rico (la estación naval Roosevelt Rose, además del fuerte Buchanan). Encima se anexa el sistema de espionaje satelital (tipo AVHRR, de radiómetro de gran resolución) y los continuos sobrevuelos de aviones espías. Otras bases militares son la de Comalapa en El Salvador (además del Centro Regional de Drogas y la embajada tipo “bunker” más grande de Centro América que mantiene EUA en ese diminuto país); la programada en la zonal de Liberia en Costa Rica; las antiguas bases del Canal de Panamá (Howard, Isla Galeta, Rodman, Sherman, Balboa, Pina y Clayton) y otros emplazamientos como el aeropuerto militar estadounidense de la ciudad de Panamá. Igualmente, se encuentran lo que EUA denomina como “Locaciones de Operaciones de Avanzada” (FOL) y “Sitios de Operaciones de Avanzada” (FOS), entre los que están los de Costa Rica, Belice, Honduras, Islas Caimán y Panamá; o el FOL de Aruba-Curaçao.

     De la mano del Comando Sur (USSOUTHCOM) [xx] con sede en Florida y sub-sede en Puerto Rico, en México y Centroamérica hay un equipamiento de los ejércitos domésticos y un adiestramiento de los altos mandos y grupos elite, por parte de EUA; llegando, en algunos casos como los de Guatemala y Panamá, a la directa ingerencia en las fuerzas armadas nacionales.

Sudamérica, el epicentro de biodiversidad del planeta[xxi] y con las mayores reservas de agua dulce (tan sólo Brasil tiene el 20% a nivel mundial), sin mencionar los importantes yacimientos de minerales y petróleo, es una región similarmente invadida de presencia militar estadounidense. En algunas regiones –como la andina amazónica-, la situación es más notoria. Podemos mencionar la base-radar de Manta en Ecuador; las de Caquetá, Leticia y el Putumayo en Colombia; los FOS y FOL en Iquitos; la base de Santa Lucía y el Putumayo peruano; la de Chapare y una unidad “antiterrorista” en Santa Cruz de la Sierra en Bolivia; las de Salta, Chubut, Río Negro y las operaciones Cabañas-Ilegales y de Marines en el Delta, todas en Argentina. Bases de entrenamiento de boinas verdes en Paraguay; la base-radar de Venezuela, la recién negociada ampliación de la base de Alcántara en Brasil, la de Tolhuin en Tierra del Fuego y las múltiples bases-radar en el Atlántico Sur y la Antártida.

    Esa aparatosa presencia militar, de frente a la competencia inter-capitalista en los múltiples negocios relacionados a los recursos naturales y a otras esferas de acumulación de capital, ha dado a EUA ventajas únicas.[xxii] El calificativo de que AL se perfila como el traspatio estadounidense es correcto si se tiene en cuenta que sólo es posible con la cooperación de una cúpula oligarca que detenta gran parte del poder en nuestros países y que, para “quedar bien”, viene montando, incluso con iniciativa propia, nuevas y más provocadoras modalidades de militarización, paramilitarización y contrainsurgencia.

     En los territorios ricos en recursos, el gambito de los geopolíticos se ha justificado en repentinos y supuestos aumentos de las actividades delictivas, especialmente del narcotráfico. También en y desde la retórica facilona del “desarrollo sustentable”, que se viene prestando como comodín a cualquier acción de las elites capitalistas y que “obliga” la actuación de las fuerzas militares para garantizar la “conservación” de tales o cuales espacios. El nuevo ordenamiento territorial de Mesoamérica (hecho con fotografías de la National Aeronautics Space Administration de EUA - NASA)[xxiii] debe entonces partir de la recuperación de la “ingobernabilidad” sobre bosques y montañas ya que, según los country managers, bloquea el desarrollo económico y la conservación de ecosistemas. Se trata de una línea de razonamiento poco original, ya que ha sido difundida por el Norte. Por ejemplo, desde la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), su director general, Jacques Diouf, señaló en Johanesburgo que “los conflictos pueden ser el mayor obstáculo que encontremos para lograr nuestro objetivo. Si no hay paz, no es posible reducir la pobreza. Si no hay paz, no podemos garantizar el suministro de alimentos. Si no hay paz, no podemos siquiera pensar en lograr el desarrollo sustentable.”

    Los mecanismos empleados son múltiples, desde el formal desalojo y supuesta reubicación de pueblos enteros por parte del ejército, el despeje contrainsurgente, el uso de grupos paramilitares para posicionarse de zonas estratégicas o la fabricación y estimulación de conflictos entre las comunidades indígenas seleccionadas, entre otros. Las perspectivas son: facilitar el saqueo, privatización y explotación intensiva de los activos materiales, naturales y humanos de la región por parte de multinacionales involucradas en los bionegocios, agronegocios, en el del agua y la electricidad/petróleo, el de la minería, u otros, como los proyectos ecoturisticos de multinacionales hoteleras, la mayoría fuertemente promovidos desde el CBM.

      Aunque es cierto que lo anterior no es un escenario nuevo para la región, sí lo es el grado de intensidad y creciente apertura con el que se está ejecutando.

    Los intentos de apropiarse la zona de los Chimalapas (México) ha pasado de disputas por el tipo de propiedad de la tierra y sus delimitaciones, a la necesidad de desalojar la zona dados los supuestos impactos ecológicos que generan las comunidades locales quienes, según las instancias gubernamentales, son responsables de la propagación de incendios (algo que se ha demostrado, como en el caso de Montes Azules, ha sido fabricado por actores que se verían beneficiados con el desalojo de esas regiones[xxiv]). La “última oportunidad de los Chimalapas”, una vez “limpia” la zona, sería su conformación como Reserva de la Biosfera (de propiedad federal y ya no comunal/ejidal, garantizando a nuevos actores privados el acceso y usufructo de los recursos); al menos así se expresa la ONG estadounidense World Wide Found for Nature (WWF), financiada o vinculada al Departamento de Estado de EUA (DdD), la Usaid y múltiples corporaciones multinacionales. [xxv]

       La reserva Montes Azules (Chiapas), otra joya de la corona, insistentemente se aspira despejar, tanto con la misma intentona de los incendios, como por “la” nueva retórica conservacionista que ha llevado a José Campillo (procurador ambiental de México) a decir que “habrá más reubicaciones de asentamientos irregulares establecidos en Montes Azules debido a que continúa la devastación de selvas.”[xxvi] Llama la atención que entre los actores a la cabeza de tal campaña estén las estadounidenses Conservation Internacional y National Geographics.[xxvii] La primera con un amplio historial en actividades de biopiratería en esa zona, es igualmente financiada por la Usaid y el DdD.

    Vinculado a ese saqueo de biodiversidad también está el del agua. Justo en la zona de la Cuenca del Usumacinta donde se tiene planeada la construcción de un sistema de al menos cinco hidroeléctricas, la geopolíticos ha revelado la necesidad de plantar un fuerte posicionamiento militar desde el eje hidrológico Altamirano-Ocosingo-Chilón que fluye hacia los ríos Lacantún y Usumacinta en la frontera con Guatemala, hasta el eje hidrológico Tulijá-Agua Azul que baja, de sur a norte, de Chilón a Tumbalá-Tila hacia el estado de Tabasco en México.[xxviii] Ello ha incluido un fortalecimiento de la militarización y paramilitarización de la frontera mexicana, del Petén, y seguramente de las operaciones clandestinas que desde hace mucho realiza la CIA y otras agencias similares en Guatemala[xxix] y el resto de Latinoamérica.

     De igual forma se unen los “esfuerzos” del Comando Sur. En el Darién, zona de selva tropical con alta concentración de endemismos (especies únicas en el mundo), advirtió el general James Hill, jefe del Comando, “… es posible una invasión de narcoterroristas… [por lo que]… Panamá y EUA están explorando nuevos mecanismos de apoyo.”[xxx] Esos “mecanismos” contemplan una segunda fase del Plan Nuevos Horizontes, un operativo estadounidense que comprende "una serie de actividades de asistencia humanitaria y entrenamiento militar en América Latina y el Caribe", y que en Mesoamérica ha irrumpido intensamente en Guatemala.

      En Colombia, las actividades geoestratégicas del Plan Colombia giran en torno a los yacimientos más importantes de petróleo. De ahí que sea crucial para EUA, por ejemplo, la toma militar y “defensa” del oleoducto de Caño Limón operado por Ecopetrol y su multinacional Occidental Petroleum, que recorre 780 kilómetros desde los campos petroleros en el departamento colombiano de Arauca, cerca de la frontera con Venezuela, hasta el puerto de Coveñas en la costa atlántica.[xxxi] ¡Una buena superficie objeto de militarización!

     La lista puede continuar para cada país y territorio, aunque con características individuales. El escenario es de evidente subordinación espacial, saqueo y desnacionalización de los activos estratégicos de Mesoamérica, y de AL en general, en beneficio de la cúpula empresarial de EUA y de sus cambiantes “socios” menores. La geopolítica imperial, solapada por los country managers latinoamericanos, juega un papel central como dispositivo centripetador, donde no sorprende pero destaca, el doble papel que funge la Usaid: velar por los intereses geoeconómicos y geopolíticos de EUA. Se sabe que la Usaid, como se ha indicado, mantiene íntimos vínculos con la Agencia Central de Inteligencia, incluso se le ha llegado a calificar como el brazo internacional de la CIA. Más aún, tiene acuerdos formales de “cooperación” con el Departamento de la Defensa. La Office of Democracy and Governance y la Office of Transition Initiatives trabajan en equipo para diseñar los programas cívico-militares de la Agencia de Cooperación. Según un documento del Center for Democracy and Governance, “… la Usaid ha pagado por muchos programas cívico-militares del Gobierno de EUA… [ello porque]... resulta esencial la coordinación cercana entre los programas del DdD y aquellos provenientes de la Usaid, ya que sin duda alguna, la necesidad del control civil, solamente puede ser fortalecida desde programas que están manejados por agencias civiles.”[xxxii]

      Tal flamante precisión, esclarece la lógica operativa que de fondo permea la actuación de la Usaid en AL. El hecho de que una parte importante de los proyectos de conservación del medio ambiente en Mesoamérica provenga de esa Agencia, directamente, o por medio de ONGs que financia (entre otros fondos que destina bajo diversos rubros), es algo que se debe considerar para medir con mayor atino la geopolítica imperial.

    Por todo lo anterior, si bien EUA tiene el claro objetivo de incidir crecientemente en el acceso, uso y usufructo de recursos naturales, en la explotación de la fuerza de trabajo y en el control civil, hay que recalcar que no se trata de un monolito que se nos viene encima sin salida alguna. Las grietas y contradicciones son igualmente contrastantes. Ante ello, la denuncia de lo que sucede en nuestros territorios como una herramienta de lucha, viene demostrando que puede obstruir la fluidez de la pax americana, sobre todo porque fomenta la conciencia social y de clase, y posibilita una mejor coordinación de los movimientos sociales (a nivel local, nacional, regional y hemisférico). Cada día se avanza en esa dirección y, aunque falta camino por recorrer, las posibilidades para desmantelar el sistema y explorar caminos para la construcción de otra historia, en nuestro caso, de y para AL, son prometedoras a medida que los pueblos colectivamente pelean por un objetivo común.

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