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La cuestión ambiental en Entre Ríos. La necesaria transición hacia la sustentabilidad. por Jorge Oscar Daneri[1]
La relación sociedad-naturaleza se ve afectada en su sustentabilidad y los impactos del desequilibrio, en esta relación, nos ponen frente a un dilema vital. La explicación de las problemáticas más importantes pone de manifiesto la necesidad de que pueblo y gobierno asuman un rol proactivo en este escenario entrerriano. El presente y el futuro inmediato nos demandan a todos los actores actuar decididamente sobre los problemas más urgentes. Las cuestiones ambientales más relevantes que afectan a la provincia tienen necesariamente que mejorar aspectos vinculados con la gestión, con la legislación y con su aplicación. Es sustancial revertir estos procesos si aspiramos a una mejor calidad de vida para las generaciones actuales y futuras de entrerrianos. Introducción Una pregunta que cada día crece más en nuestros andares de luchas socioambientales y sus conflictos casi límites (y para no pocos, vitales), es si nuestras democracias tendrán la capacidad, frescura y contundencia para adecuar sus tiempos a los urgentes tiempos que nuestras tierras y sus gentes exigen para garantizar una transición posible y vital hacia la sustentabilidad social, económica y ecológica, desde una sustentabilidad sustancialmente política. Sin ésta, las otras corren graves riesgos finales, o mejor, terminales.[2] En Entre Ríos tenemos algunos mensajes positivos, pero para nada suficientes. Las historias de la lucha contra la represa hidroeléctrica de Paraná Medio durante los años 1996/97 finalizada con la sanción de la ley que declara la libertad de los ríos Paraná, Gualeguay y Uruguay[3], logró un punto significativo de inflexión en la conciencia ambiental ciudadana de los entrerrianos. En igual sentido el proceso de confrontación y luego concertación con el Gobierno Provincial en las dos últimas gestiones, determinó la declaración de la Emergencia Ambiental del bosque nativo, y el compromiso de una construcción social y política del denominado Plan de sustentabilidad del bosque nativo y de la estrategia provincial de diversidad biológica. Pero la movilización social en el sur de Entre Ríos frente a la instalación de dos mega plantas de celulosas en Fray Bentos, República Oriental del Uruguay, es la expresión más simbólica de una construcción social y una coherencia de nuestras organizaciones y sus comunidades y pueblos en el sur de la provincia y en particular en toda la cuenca del río Uruguay, de unas características fuertemente creativas, comprometidas y con una convicción y dedicación gratamente sorprendentes. Este proceso, en su misma existencia, ya es una celebración y un mensaje esperanzador y luminoso. Pero nos guste o no, la verdad es que estos son hechos puntuales y de un simbolismo fantástico, pero como expresábamos, no son suficientes, sino el inicio de algo distinto y sustancialmente movilizador, que nos está sucediendo, en particular a los habitantes de estas nuestras tierras.
La política ambiental en Entre Ríos. 2-a) Gestión Entre Ríos es una de las provincias con la mayor debilidad y flexibilidad legislativa ambiental con relación a la gran mayoría de las provincias argentinas. Es el estado federal con menor estructura de gestión política y por lo tanto administrativa. No cuenta con un organismo (Secretaría de Estado o Ministerio). Sus áreas están dispersas y con una dependencia a nivel de Direcciones que se relacionan con Ministerios diversos, con una confusión y sobreposición de funciones y competencias que resultan casi anárquicos. Un ejemplo grosero en este sentido, es lo que está sucediendo con la política de gestión de aguas al profundizarse la fragmentación de la misma por medio de la media sanción de una ley puntual sobre aguas termales. 2-b) Ley Ambiental Provincial No se dispone de una Ley Ambiental y sobre Sustentabilidad que complemente y otorgue una identidad propia a una política provincial, por lo tanto inexistente. Este es el único caso en el país. Como producto de lo expuesto, no dispone la provincia de un Consejo de Ambiente interinstitucional y ampliamente participativo que trabaje conjuntamente con el Estado para la construcción y consolidación de las políticas sobre ambiente y sustentabilidad. Se han formulado diversos proyectos de legislación ambiental marco en el Poder Legislativo, con esfuerzos interesantes como los de los ex Senadores Rosas Paz y Colobig, sin resultados positivos.
2-c) Ley de Evaluación de estudios de Impactos Ambientales (EIA) En igual sentido, nuestra provincia no dispone de esta fundamental herramienta de gestión y aplicación de los principios de prevención, precaución y sustentabilidad exigidos por la Constitución Nacional en sus artículos 41 y 124 y por la nueva Ley General del Ambiente.[4] Su inexistencia genera una grave inseguridad jurídica a diversos sectores.
2- d) Diversidad Biológica y Cultural. Existe una profunda falta de visión en el escenario sustancial de cumplir con lo normado en la Convención de Diversidad Biológica[5] vigente en la Argentina, la cual dispone un conjunto de deberes que el Estado Nacional y particularmente las Provincias, como titulares de sus recursos naturales, incumplen y por lo tanto no ejercen, ni aplican. A manera de ejemplos críticos: desarrollo de inventarios de la biodiversidad, construcción de estrategias provinciales de protección de la diversidad biológica, entre otros. La legislación Argentina sobre protección de Humedales (Ramsar); los Parques Nacionales; el Sistema Nacional de Áreas Protegidas y la Legislación Provincial en Entre Ríos sobre Áreas Naturales Protegidas y (muy infelizmente también), las casi inexistentes normas sobre ordenamiento territorial y de uso de los suelos, no han resultado suficientes ni relevantes para detener la expansión ilimitada de la frontera agrícola; particularmente hoy desde la fiebre sin límites de la promoción del cultivo de soja. En este escenario y con la seriedad y gravedad que implica, Entre Ríos no dispone de una Legislación sobre Evaluación de Estudios de Impacto Ambiental y menos aún de protección de su Diversidad Biológica y cultural, como lo demanda la Constitución Nacional y la nueva legislación ambiental ya citada. Está claro además que por diversas razones, la mayoría no justificadas, las provincias y en particular Entre Ríos, conforme exponemos aquí, no han sabido instrumentar una legislación seria, aplicable y operativa en cuanto a la protección del bosque nativo, del monte indígena y particularmente reales y eficientes sistemas de control y castigos. Misiones es un claro ejemplo de disponibilidad de una legislación relativamente buena (corredor verde; EIA, estrategia de Diversidad Biológica)[6] y que en la realidad no se aplican ni cumplen como las normas indican.
2- e) Humedales y zonas de riesgo hídrico. En el marco de la Convención Ramsar de protección de humedales de importancia internacional, la provincia no dispone de una estrategia en la materia y recién ahora está, fruto de la fuerte presión de las organizaciones ecologistas, acordando iniciar un proceso ciudadano para la construcción de esta estrategia. Un escenario no menor es la urgente reglamentación de la ley Provincial de Riesgo Hídrico[7], por las razones que todos los entrerrianos nos podemos imaginar en relación al complejo escenario de inundaciones e incertidumbres en la materia fruto del proceso de cambio climático, rápidamente en desarrollo. Pero sustancialmente porque Entre Ríos es parte del sistema socioambiental de humedales (único en el mundo) Pantanal-Paraguay-Paraná, libre de mega represas y por lo tanto con la necesidad política vital de su preservación y gestión concertadas con las provincias y los Estados Nacionales de los cinco países de la Cuenca del Plata.
3) Producción sustentable y Agroecología. Advertimos también la inexistencia de procesos de construcción política y agendas mínimas concertadas para avanzar en escenarios de transiciones hacia la sustentabilidad productiva o mejor de una economía a escala humana que nos posibilite con todos los actores de la economía local y regional, avanzar en el redescubrimiento de lo que fue y ya no es más y de lo no pensado. También avanzar en escenarios de adaptabilidad de experiencias exitosas en otros lugares del Cono Sur y de países un poco más serios, en particular en el desarrollo de ciudades sustentables, agroecología y producción orgánica. Debatir y construir una estrategia de diversidad biológica permite en el acto avanzar sobre una estrategia de diversidad productiva y fuertemente recuperadora de nuestras más diversas identidades culturales originarias y las que fueron y son fruto de los procesos inmigratorios. 4) Gestión de cuencas y reordenamiento territorial. La no-aplicación de la Ley de Aguas[8] de Entre Ríos en cuanto a la conformación de los comités de cuencas (ámbitos participativos por excelencia y multilaterales en las diversas escalas sectoriales y de gestión de gobierno) ha llevado a la continuidad de un escenario donde el mercado productivista y devastador de estas identidades y sus escalas humanas se imponga inexorablemente. Está aquí marcada la presencia del Estado desertor y ausente. Y esto no es falta de políticas, es en realidad una activa política, por diversas razones, que marchan desde la confluencia de la incapacidad fruto de una profunda despreocupación y también ignorancia, hasta la intención clara de que nada cambie. Entre Ríos debe rápidamente conformar un proceso de amplios debates sobre sus políticas de ordenamiento territorial y gestión de cuencas en función de un proyecto de provincia, que consideramos no tiene disponible hoy desde el Estado. Cuando hablamos de un proyecto de provincia, nos referimos precisamente a un proceso que desde los puntos diversos precedentemente señalados, nos habilite conformar un camino de transición hacia la sustentabilidad económica, social, política y ecológica de y en nuestros territorios de los ríos libres.
5) Integración Regional y Región Centro. Una prueba, para algunos contundente, y que suscribimos, de la falta de proyecto, es la ausencia de una estrategia legal e institucional en marcha que dé el “Marco” para la ejecución de un proceso de transición hacia la sustentabilidad de nuestros territorios, como es el caso de la iniciativa IIRSA[9]. IIRSA es una iniciativa que se lanzó durante las reuniones de agosto-septiembre de 2000, de los doce presidentes latinoamericanos, llevadas adelante en Brasilia, Brasil. La visión fue adoptada por la totalidad de los gobiernos, iniciándose un silencioso proceso de integración física. Esta integración se basa en la idea de que el desarrollo en los sectores de transporte, energía y telecomunicaciones, ayudará a superar los obstáculos geográficos, fortalecer los mercados y promover nuevas oportunidades económicas en la región. En dicha reunión histórica la coordinación técnica y el funcionamiento de IIRSA se delegaron a tres agencias multilaterales de financiación para el desarrollo: El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Corporación Andina de Fomento (CAF) y el Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (FONPLATA). Dichos bancos produjeron conjuntamente un Plan de Acción con un plazo de diez años para hacer realidad las aspiraciones de integración regional. En la Cumbre de Presidentes (2000) se acordó que el BID elaboraría las bases de este Plan de Acción, para la integración propuesta. El estudio se presento como “Un nuevo impulso a la Integración de la Infraestructura Regional en América del Sur”, y fue expuesto por el BID en diciembre de 2000, unos tres meses después de la cumbre. Desde la creación de IIRSA, en 2000, los bancos multilaterales de desarrollo han tenido un papel muy activo en el financiamiento de los estudios y proyectos relacionados con la iniciativa, y han proporcionado apoyo técnico y facilitado la participación del sector privado en la misma. Éste no ha sido el trato brindado a las organizaciones de la sociedad civil, que han debido actuar activamente para acceder a la información de relevancia en las materias tratadas y que, recién ahora, posibilita arribar a un conjunto de conocimientos e información (incompleta aún) que permite tomar mejores posiciones sobre esta integración que se pretende imponer. De conformidad con los conceptos y lineamientos presentados en el Seminario Subregional organizado por el Comité de Coordinación Técnica de IIRSA, en septiembre de 2003 en Lima, la integración propuesta esta orientada a tres objetivos: · Apoyar la integración de los mercados para mejorar el comercio intraregional, aprovechando primariamente las oportunidades de integración física más evidentes. · Apoyar la consolidación de cadenas productivas para alcanzar la competitividad en los grandes mercados mundiales. · Reducir el costo sudamericano a través de la creación de una plataforma logística vertebrada e insertada en la economía global. Existe un gran debate entre los gobiernos latinoamericanos sobre qué proyectos contribuyen más a la integración regional. Este debate en realidad se expresa en tres escenarios: las cancillerías, los ministerios de infraestructura, dependientes o no de los de economía y en el sector privado, particularmente obrista y financiero. Se han identificado casi 300 proyectos de inversión en los tres sectores y ya se han iniciado más de 189 estudios de viabilidad[10]. Los que más fuertemente impactan sobre Entre Ríos y nuestra cuenca del Paraná Medio son[11] : la hidrovía Paraguay Paraná y sus consecuencias promotoras del modelo más angustiante de concentración de la tierra, el poder económico y la expulsión social más diversa; el puente Buenos Aires Colonia, un desastre para las economías regionales, en particular litoral y mesopotámica; el polo industrial, aeropuerto internacional y puerto multimodal, con puente incluido, en el valle de inundación más delicado del río Paraná, entre las ciudades de Paraná y Santa Fe. Esta propuesta es fuertemente promocionada por el gobernador de Santa Fe, siendo ejemplo, de lo más retrógrado de un neodesarrollismo disfrazado y en realidad promotor del mayor neoliberalismo existente en estos tiempos. En la cuenca del río Uruguay, nuestro representante nacional de la política energética promociona en estos días el proyecto de la represa de Garaby en Corrientes y Misiones, sobre el Río de los Pájaros. Se avanza con la propuesta de la represa de Corpus en el río Paraná herido de muerte, entre el monumento a la corrupción de Yacyreta e Itaipú (Brasil). Todos estos proyectos tienen sus comunes denominadores: 1) absoluta concentración de la diversidad de poderes en la gran ciudad y las capitales de provincias en el caso de las propuestas de Jorge Obeid, acompañadas ahora en el marco del proceso de consolidación de la Región Centro; 2) promoción de la expansión de la frontera agrícola de mano de la soja devastadora de nuestra diversidad biológica y cultural, nuestras aguas y suelos y la concentración de la tierra en manos de pocos y cada vez más extranjeros; 3) profundización del poder de las multinacionales de las semillas, la minería y el transporte en cuanto a la utilización de nuestros recursos naturales, los ríos y suelos, privatizando lo que queda por privatizar; 4) impulso a la consolidación de los puertos privados por sobre los públicos, 5) expulsión de los agricultores y productores pequeños y medianos de sus culturas, propiedad y uso de las tierras.
6) Conclusión. En el marco expuesto, es sustancial revertir estos procesos desde los movimientos sociales, desde un rol mucho más protagónico y comprometido de nuestra Academia, sus Universidades y los Centros de Estudiantes, desde la diversidad de actores sociales, económicos y pensadores de Entre Ríos. IIRSA en su modelo de intervención cumple un fuerte rol en su razón de ser para garantizar y facilitar el traslado de la industria sucia del Norte a nuestros territorios, posibilitando la disponibilidad de una mega-infraestructura de corredores bioceánicos sur-norte y este-oeste, absolutamente funcionales a industrias como las plantas de celulosas, hoy en el debate ciudadano. El concretar en propositivo, en un marco esperanzador, las omisiones marcadas, es vital para los caminos hacia la sustentabilidad de nuestros territorios y sus pueblos, en el escenario de nuestras posibilidades en la tierra donde vivimos, donde pretendemos ser y hacer, pensar lo no pensado, crear, luchar y vivir no por sobre la línea de pobreza y sí sobre la línea de dignidad[12] que, entre tantos, deberemos refundar. [1] Abogado. Miembro de la Coordinación General del Foro de Ecología Política de Argentina. Abogado del Foro Ecologista de Paraná. [2] Manzini, Ezio. Ecología y Democracia. De la injusticia Ecológica a la Democracia Ambiental. 1. La transición a la sostenibilidad como un proceso de aprendizaje colectivo. Ed. Iciaria Más Madera. Barcelona. Noviembre 2000. Pág. 15. [3] Ley 9092/97 [4] Ley. 25.675. ver en www.medioambiente.gov.ar marco jurídico. [5] Ley 24.375/94. [6] Andelman Marta. Diversidad Biológica y Participación Ciudadana. Análisis de Experiencias en Argentina. Ed. UICN- CEC. Oficina Regional para América del Sur. 2002, Quito, Ecuador. Pp. 21/24. [7] Ley 9008. [8] Ley 9172 [9] www.iirsa.org [10]Algunos de los 300 proyectos identificados por IIRSA habían sido financiados por el BID antes del lanzamiento de IIRSA en 2000, y posteriormente se consideraron esenciales para el desarrollo de la infraestructura regional. Es bastante difícil determinar qué proyectos han sido adoptados bajo los auspicios de IIRSA y cuáles están siendo evaluados como resultado del lanzamiento de la iniciativa en 2000. [11] Daneri, Jorge. “Nada se dice sobre IIRSA*, porqué? Un debate pendiente, ¿a qué pensamiento se nos pretende integrar?”, en El Diario, Paraná, www.eldiario.com.ar [12] Sobre línea de dignidad ver en Programa Argentina Sustentable y Cono Sur Sustentable, www.pas.org |
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Enero
2008
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