El debate del aborto
El
boom de la maternidad infantil y adolescente y el mayor contagio de las mujeres
de VIH Sida, sumados a las 500 muertes anuales por año por abortos clandestinos,
hacen estallar en la sociedad el escándalo del colapso de la salud sexual y
reproductiva sobre las mujeres pobres.
Tras el fracaso de la
aplicación de las leyes de salud sexual y reproductiva, basadas sólo en
anticoncepción y donaciones de anticonceptivos, sin disponer un peso del
presupuesto nacional. Es decir, sin planificación ni verificación de aplicación
y resultados; sin campañas públicas, sin nombramientos de personal
interdisciplinario, sin equipamiento médico y sin su extensión a todo el país y
a las barriadas más humildes.
Mientras tanto, mantienen la
prohibición del derecho a la educación sexual y del derecho al aborto.
Por todo esto se instala ahora
en la sociedad el reclamo de las mujeres y las organizaciones de lucha, por
sobre todos los tabúes y los prejuicios: anticonceptivos gratuitos para no
abortar, y aborto legal y gratuito para no morir.
Está instalado entonces en la
sociedad el debate sobre el derecho al aborto, porque es el último recurso
cuando fallan todos los demás: la anticoncepción, los preservativos, la
educación sexual y la justicia. Lo que está ocurriendo ahora.
Los dos últimos años de
inacción del gobierno kirchnerista, de sus gobernadores y de los diputados
oficialistas y opositores dentro del sistema, en acuerdo con el clero, han
cambiado en el debate de la sociedad el orden de las premisas: derecho al aborto
legal y gratuito y anticonceptivos gratuitos para no abortar.
La culpabilización de sus
víctimas, las mujeres, por las consecuencias de estas fallas institucionales,
antepone la despenalización de las mujeres pobres, porque las que tienen
recursos pueden abortar sin riesgos físicos ni legales.
Más del 60% de la población se
pronuncia en todas las encuestas por el derecho al aborto.
EDUCACION SEXUAL
Una ley clerical convertida en
papel mojado
No hace ni siquiera un año, una
patota clerical irrumpía en la Comisión de Familia de la Cámara de Diputados
para evitar que aprobara el proyecto de Ley de Educación Sexual al grito de “No
queremos que se promueva la homosexualidad en los niños” (Página/12,
10/11/05). Simultáneamente, una declaración rajante de la Conferencia Episcopal,
“atendiendo al bien de la nación”, pedía a los legisladores que, “con auténtico
espíritu democrático, sometan los proyectos de la Ley de Educación Sexual al
correspondiente y amplio debate previo”. El obispo Aguer tronaba que el Estado
promovía “la corrupción sexual entre los jóvenes” y Giaquinta llamaba a “la
desobediencia civil”.
Un año después, tenemos una Ley
de educación sexual. ¿Qué dice esta ley que no sólo logró una extraña unanimidad
legislativa? En primer lugar, generalidades, porque sus contenidos no van a ser
objeto de debate parlamentario sino que van a ser resueltos por el Ministerio de
Educación, que (artículo 7) “será asesorado por una comisión interdisciplinaria
de especialistas en la temática, convocada por el Ministerio de Educación,
Ciencia y Tecnología”. Ahí está el meollo de la cuestión: en la Comisión asesora
están incluidos “distintos sectores del sistema educativo nacional”,
principalmente, por supuesto, la Curia, los evangelistas y todos los otros
credos. Los contenidos van a ser pactados directamente con la Iglesia. El
proyecto cuenta con el aval de Ctera, a través de Marta Maffei, que lo firmó.
Pero las generalidades son
suficientes para saber qué arreglaron. El artículo 5 especifica que “cada
comunidad educativa incluirá en el proceso de elaboración de su proyecto
institucional la adaptación de las propuestas a su realidad sociocultural, en el
marco del respeto a su ideario institucional y a las convicciones de sus
miembros”. O sea, cada comunidad educativa enseñará lo que le plazca. Por
ejemplo, en las escuelas religiosas, que los preservativos no son eficaces para
evitar el sida, que el aborto es un asesinato o que la homosexualidad es una
enfermedad y un pecado. El Estado —y todos los partidos políticos patronales-
han entregado la educación de decenas de miles de chicos al oscurantismo
clerical.
Otra exigencia de la Iglesia,
la eliminación de la llamada “perspectiva de género”, también fue cumplida: “A
los efectos de esta ley, entiéndase como educación sexual integral la que
articula aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y éticos”
(artículo 1). Una sexualidad biológica deja afuera de la “norma”, por ejemplo, a
los travestis. Una sexualidad “ética” abre las puertas a los credos porque se
entiende que la ética es un asunto religioso (por eso representantes de las
iglesias participan de los funestos comités de bioética incluso en los
hospitales públicos).
La ley crea un Programa
Nacional de Educación (artículo 3) cuyos objetivos son de una absoluta vaguedad:
“a) Incorporar la educación sexual integral dentro de las propuestas educativas
orientadas a la formación armónica, equilibrada y permanente de las
personas...”, etc.
¿Qué es una formación
“armónica y equilibrada”?
En el caso de la Ciudad de
Buenos Aires, los acuerdos son todavía más explícitos: “Aunque Educación fijará
los contenidos, cada escuela tendrá la libertad de acompañar su enseñanza con
una valoración ética o religiosa”. “Los proyectos educativos institucionales y
las familias tendrán un importante rol en cuanto a sus creencias y valores”,
dijo el machista Peña (AFP, 28/7). La inclusión de “las familias” fue
otro de los puntos exigidos por Bergoglio.
Pero esta ley clerical hasta
los tuétanos fue rechazada por la propia Curia. Tres obispos —los de La Pampa,
San Luis y San Justo– coincidieron en calificarla como “inconstitucional” (Clarín,
5/10), lo que indica que la Curia no descarta ir por su derogación. El obispo de
La Pampa dejó en claro que, para la Curia, no es aceptable ninguna ley de
educación sexual: “este tema es un problema de los padres no de las escuelas”,
sentenció (Cadena 3, 5/10). El de San Luis, miembro de la comisión de
educación del Episcopado, criticó la “ambiguedad” de la ley, “que elude definir
los criterios que guiarán su aplicación”. Por medio de estas presiones, la Curia
no sólo pretende asegurarse que la “comisión interdisciplinaria de
especialistas” establecidas en la ley termine estableciendo los contenidos que
reclama la Iglesia. Además, en medio de una crisis política con el gobierno, se
vale de la ley para golpear al kirchnerismo.
El Encuentro de Mujeres debe
pronunciarse y definir medidas de lucha que impongan una educación sexual cuyos
contenidos sean resueltos por las organizaciones de mujeres, estudiantiles y de
trabajadores.
Reglamentación "progresista"
del aborto
POR DETRAS DEL CODIGO PENAL DE
1922
El kirchnerismo y sus aliados
plantean como un avance la reglamentación de los abortos no punibles. La Campaña
por el Aborto Legal también aplaude estas nuevas trabas a derechos reconocidos
desde 1922 por el Código Penal. La Campaña llamó indirectamente a votar a Filmus
porque “los inquisidores de siempre se sienten alentados por el triunfo de la
derecha en la ciudad de Buenos Aires, que si se mantiene en la segunda vuelta
hará toda una ofensiva contra nuestros derechos” (13/6).
El Congreso discute –ya lo
aprobó la Comisión de Salud– una re-reglamentación presentada por Juliana Marino
(K) y Silvia Augsburger (del PS). Sin tanto aspaviento, Solá en marzo y Telerman
en mayo reglamentaron los abortos no punibles por vía administrativa y el
Concejo Deliberante de Rosario lo hizo la semana pasada. Todos fijan algún plazo
para la intervención no superior a quince días y ordenan que los abortos se
practiquen “sin la exigencia de autorización judicial”.
Precioso. El detalle es que el
Código no exige autorización judicial. Por eso este tipo de aborto se practica
sin problemas en la medicina privada. En la salud pública, en cambio, “es
habitual que los médicos se nieguen a realizarlos sin la venia de un
magistrado”, porque el Estado ha cedido el control de los comités de ética y de
las jefaturas de obstetricia y ginecología a las camarillas de la Curia. Lo
mismo pasa en los servicios de violencia pediátricos y los tribunales del menor
y la familia. Los agentes clericales a sueldo del Estado amenazan a los
profesionales con bloquearles la matrícula.
Un paso adelante, dos atrás
La re-reglamentación muestra la
decisión de no avanzar en la despenalización del aborto. Pero además, la idea de
que amedrente a la Curia es ridícula. ¿Por qué los que violan el artículo 86
respetarían su articulado? No es un asunto de ineficacia. Para no confrontar con
la Iglesia, las nuevas reglamentaciones instauran un retroceso importante en las
garantías establecidas el art. 86, agregando condiciones incumplibles en un
sistema de salud desmantelado.
Veamos: el art. 86 dice que no
es punible “el aborto practicado por un médico diplomado con el consentimiento
de la mujer encinta” si 1) si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para
la vida o la salud de la madre y si este peligro no puede ser evitado por otros
medios; 2) si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor
cometido sobre una mujer idiota o demente”. En este caso, el representante legal
debe dar su consentimiento.
Ni autorización judicial, ni
denuncia de la violación, ni objeción de conciencia. Sólo el diagnóstico médico
y el consentimiento de la gestante. El proyecto y las ordenanzas ya aprobadas,
en cambio, fijan “nuevos procedimientos”. Por ejemplo, en el caso de “peligro de
vida” (art. 2) se exige su fundamentación “mediante los estudios de diagnóstico
pertinentes”. Y en el de “peligro para la salud” (art. 3), que lo fundamente
todo un “equipo interdisciplinario mediante los estudios de diagnóstico
pertinentes”. ¡Todo un equipo disciplinario en hospitales que no tienen ni
anestesista! En el sistema de salud público porteño hay sólo un tomógrafo cada
65.000 personas; en el Conurbano hay nueve para más de 3.500.000. “Hay espacios
de más de un millón de habitantes que no cuentan con tomógrafo y varias semanas
de 2006 y de 2007 funcionaron sólo dos o tres equipos” (La Nación, 29/5). La
situación es peor en el interior. ¿Cuánto van a tardar en reunir “un equipo
interdisciplinario” o en hacer “los estudios de diagnóstico”?
Marino y Augsberger se jactan
de ampliar la no punibilidad a toda violación. ¡Pero eso está en el Código desde
1922! Hay jurisprudencia, la última de la Cámara Civil de Mar del Plata
(Página/12, 5/3). Pero exigen la “constancia de la denuncia policial o trámite
judicial”, dejando a la víctima en manos de jueces y policías. También “amplían”
en los casos de “feto inviable” (ahora incluidos en “peligro para la salud”).
Pero “la inviabilidad del feto debe ser indubitablemente comprobada”. In-du-bi-ta-ble-men-te.
Todos los proyectos permiten la
objeción de conciencia, una concesión que vuelve a dejar a los médicos a merced
de las presiones de las camarillas.
La Iglesia tomó nota de estos
timoratos y salió a doblar la apuesta. En principio, está tratando de que se
postergue el tratamiento legislativo del proyecto “a través de sugerencias por
escrito a los diputados. Los representantes de la Cámara Baja esta vez prestaron
especial atención al planteo episcopal. A esto se sumó un llamado de la Casa
Rosada al presidente de la Cámara de Diputados para congelar por un tiempo el
tratamiento de la iniciativa” (DyN, 15/6). Si esto no prospera, un documento de
la Conferencia Episcopal adelanta un planteo de inconstitucionalidad (La Nación,
4 y 11/6) porque “no existe” en la legislación “derecho a causar la muerte de
los propios hijos” ni se puede “excluir del control de los jueces el estudio de
un caso en el que se ponga en juego el derecho a la vida” (La Nación, 11/6). Un
coro de obispos y voceros de la Curia (La Nación, Carlos Menem y el ex ministro
Barra) han comenzado, ellos sí, una campaña. José Arancedo, arzobispo de Santa
Fe, pidió “un reconocimiento como defensoras de la vida” a las autoridades del
Hospital Iturraspe, las que se negaron a tratar el cáncer a Ana María Acevedo
porque obligaba a interrumpir su embarazo.
Pero la horrible realidad no da
sosiego. El gobierno dice que el 80% de las mujeres accede a métodos
anticonceptivos; sin embargo, entre los ocho menores muertos por el incendio del
vagón en Córdoba había dos niñas madres, de 13 y 14 años, y sus hijos. A ellas
no llegaron los anticonceptivos. El gobierno asegura que la pastilla del día
después se entrega en los hospitales, pero le negaron, primero la pastilla y
después el derecho a abortar, a una menor jujeña violada.
El octubre es el Encuentro de
Mujeres de Córdoba. Allí estaremos las luchadoras y también las que arrogándose
la representación del movimiento de mujeres son habitués de los actos oficiales,
avalan su política criminal y hacen campaña para el gobierno. Por eso se niegan
a que votemos y a que los talleres del Encuentro se conviertan en asambleas
resolutivas. Hay que denunciarlas como agentes de un gobierno que entregó la
política sexual y reproductiva a la Curia y avanzar en un plan de lucha por el
aborto legal, en defensa de la vida de las mujeres.
POR
EL DERECHO AL ABORTO
"Objeción de conciencia"
UN ARIETE CLERICAL CONTRA LOS
MÉDICOS
Todas las reglamentaciones al
artículo 86 del Código Penal ya aprobadas (Rosario, Capital Federal, provincia
de Buenos Aires), el proyecto que el kirchnerismo presentó en Diputados y el
protocolo de atención de abortos no punibles (que el Ministerio de Salud dice
estar elaborando para después de la elecciones) reconocen a los profesionales de
la salud el derecho a la objeción de conciencia (Página/12, 10, 12 y
21/9). El proyecto de ley que presentó la Campaña por el Aborto Legal, también.
La objeción de conciencia,
embellecida como un reconocimiento al derecho del trabajador a actuar según sus
convicciones (¿desde cuándo tan sensibles?), es exactamente lo contrario. Un
caballo de Troya de la Curia y sus agentes en la salud pública, que deja a los
trabajadores a expensas de sus aprietes y, si decide desacatarlos, de sus
represalias.
“La bioética como disciplina y
el surgimiento de la objeción de conciencia médica (consecuencia directa del
pensamiento bioético) nacieron al mismo tiempo que se fortalecía el movimiento
pro-vida: es decir, a poco del fallo en el caso Roe vs. Wade, que legalizó el
aborto en Estados Unidos” (Página/12, 28/5/05). A la Argentina la
noción llegó en 2001, cuando se discutió la Ley de Derechos Reproductivos. En
ese momento, el Consorcio de Médicos Católicos y la Asociación de Abogados
Católicos exigieron que la reglamentación de la ley “incluyera explícitamente el
derecho a la objeción de conciencia”. Esto es, que los médicos no estuvieran
obligados a informar a la paciente ni a recetarle métodos anticonceptivos “no
naturales”. Apelaron a la Corte, que les falló en contra.
En España, donde la
interrupción del embarazo es legal desde 1985, “el 97% de los 90.000 abortos
anuales se realizan en clínicas privadas” porque “la objeción de conciencia de
profesionales y sectores sanitarios” dio lugar a que “prácticamente ningún gran
hospital público o privado” pusiera en práctica servicios de aborto (El País,
18/9). ¿Son todos militantes clericales? No. Pero la ley es tan ambigua que
permitió que la Iglesia promoviera “juicios contra los médicos, profesionales
sanitarios y mujeres, propiciando en muchos casos su condena”. Aunque desde
entonces se han sucedido gobiernos del PP y socialistas, “la sanidad pública no
contempla la formación de los profesionales en esta materia”. Las mujeres
“sufren un periplo médico y vital intolerable” y están obligadas a viajar a otra
parte del país porque algunas comunidades “no incluyeron el aborto entre sus
prestaciones y no existen recursos, ni públicos ni privados”. Por ejemplo, el
gobierno navarro afirma que todos los médicos son objetores de conciencia. Con
excepción de tres (sic) que en los años '90 fueron enviados a juicio y
“sometidos a un intenso y constante acoso” que incluyó amenazas, actos frente a
sus casas, afiches de denuncia hasta que desistieron (El País, 17/9).
En Portugal, donde el aborto se
legalizó recientemente, hay “una epidemia médica de objeción de conciencia” y
muchos hospitales públicos “no logran atender los pedidos porque la mayoría de
los médicos se niegan a realizar la intervención”. Vasco Freire, dirigente de
Médicos por la Opción, señala que en los hospitales es imposible eludir la
presión de la Iglesia y denuncia que “en muchos casos, la objeción de conciencia
la aplican sólo en hospitales del Estado y no en la medicina privada” (IPS,
16/7).
La “objeción de conciencia” es
un ardid clerical; esto es tan indiscutible que la nación no figura en los cinco
primeros proyectos de despenalización total o parcial del aborto que ingresaron
a la Cámara de Diputados argentina (y jamás se discutieron). Ahora la Curia no
necesita apelar a la Corte. El nacionalismo burgués, el progresismo y hasta la
Campaña por el Aborto Legal han hecho propios —con argumentos de corte
“garantista”– la exigencia de los médicos y abogados de la Iglesia.
Plan de lucha nacional
por el aborto legal
Los datos son conocidos, pero
no nos cansaremos de repetirlos. En la Argentina, el 40% de los embarazos
termina en aborto. Cada año, medio millón de mujeres interrumpe un embarazo
clandestinamente. El costo de esa decisión desesperada es altísimo. El aborto
ilegal es la primera causa de internación hospitalaria femenina. Condena a miles
a la mutilación. Mata a unas 500 mujeres cada año. Las estadísticas oficiales
registran muertes de niñas y adolescentes por aborto clandestino por el rotundo
aumento del embarazo en esta franja. Un bebé de cada seis nace de una
adolescente. Cada año hay 3.000 niñas madres (entre 10 y 14 años), lo que delata
la magnitud de la violación infantil. El ministro González García -que se ufanó
de que su gobierno garantizaba la anticoncepción al 80% de las mujeres– tuvo que
confirmar nuestras denuncias: “tanto la mortalidad materna en general como la
que se debe al aborto crecieron levemente entre 2000 y 2005” (La Nación,
12/10). El kirchnerismo y los gobiernos provinciales, subordinados a los
dictados de la Iglesia, son responsables de esta catástrofe.
Abortan en la clandestinidad
mujeres de todas las clases sociales. El Estado viola sus derechos humanos,
impidiéndoles decidir si quieren ser madres y cuándo quieren ser madres. Pero
las que arriesgan la vida son aquellas a las que no se les reconoce el “derecho
a decidir” en ningún orden de la vida. Las niñas, jóvenes y adultas de los
sectores populares, privadas de educación sexual, privadas del acceso a la
anticoncepción gratuita, y obligadas a abortar en la ilegalidad pero también
fuera de toda atención médica. Son víctimas de una sociedad que castiga sin
piedad la misma maternidad que exige. Abortan las jóvenes porque un hijo les
impide seguir estudiando y vuelve más difícil conseguir empleo. Las
flexibilizadas que trabajan jornadas interminables. Las trabajadoras
precarizadas, para que no las despidan. Las desocupadas que no quieren más hijos
sin alimento ni abrigo ni vivienda. Este dramático cuadro convierte la
legalización del aborto en un imperativo de vida o muerte, en una cuestión
urgente de salud pública.
Pero para los “defensores de la
vida”, la vida de las mujeres no vale nada. Todos los candidatos patronales se
definieron en contra del aborto legal y anunciaron que mantendrían esta
situación, las candidatas mujeres a la cabeza. El renovado compromiso
antiabortista de Cristina K es exhibido como prenda de reconciliación del
kirchnerismo con la Iglesia. Los pactos con la Curia pisotean la voluntad
popular: en todas las encuestas la mayoría de la población aprueba la
legalización del aborto.
La Iglesia se opone al aborto
legal en nombre de “la defensa de la vida”. Lo que promueve, en realidad, es el
aborto ilegal y, en consecuencia, la muerte materna. Protege de este modo sus
ganancias por el tráfico de bebés para adopción ilegal (como el obispo Baseotto
en Añatuya). Y los millonarios subsidios estatales para los hogares como el
Portal de Belén o la fundación de Grassi, donde “cuidan” chicos arrebatados a
sus familias, con los que vuelven a lucrar cuando los dan en adopción. Esto
explica por qué se mantiene la penalización del aborto, sabiendo que es una
farsa. ¡Las cárceles deberían estar llenas de mujeres! Y cualquier gobierno que
pretendiera encarcelar medio millón de mujeres, sería en el acto derrocado por
la furia popular. La ilegalidad es útil para reforzar el dominio ideológico del
clero, que pregona que eludir la maternidad y la esclavitud doméstica es un
pecado y un delito.
Contra lo que muchos esperaron,
el primer gobierno kirchnerista no avanzó un paso en la ampliación del derecho
al aborto. Por el contrario, entregó más acabadamente el control de la Justicia
y de las direcciones hospitalarias a agentes de la Iglesia, que bloquean
impunemente los abortos autorizados por el Código Penal. Aunque esto implique la
muerte de la madre y la orfandad de sus otros hijos, como sucedió con Ana María
Acevedo. ¿Quiénes son los asesinos?
En el Encuentro Nacional de
Córdoba, miles de mujeres discutimos que las ilusiones en el gobierno y los
sectores patronales han sido un freno para obtener este derecho, sin dudas el
más sentido por el movimiento de mujeres. Decidimos un plan de lucha nacional
para arrancar el aborto legal, seguro y gratuito en todos los niveles del
sistema de salud. Un logro que debe ir acompañado de una educación sexual laica
y científica y del acceso universal y gratuito a la anticoncepción.
El aborto legal no es
exclusivamente una “cuestión de mujeres” ni de las organizaciones de mujeres. Se
precisan miles en las calles dispuestos a enfrentar al gobierno y a la Iglesia.
Llamamos a las organizaciones obreras y populares combativas, a los sindicatos
antiburocráticos, a los centros de estudiantes, a pronunciarse y a tomar como
propia esta causa.
Aborto ilegal: Una concordia
sobre el cuerpo de las mujeres
ENTRE BERGOGLIO Y CRISTINA
KIRCHNER
La
concordia entre Bergoglio y Cristina Kirchner se firma sobre el cuerpo de las
mujeres. Por ejemplo, sobre el de las jujeñas, en cuya provincia “se duplicó la
muerte materna durante 2006. Sólo en el Hospital Soria hubo 1.500 operaciones
para salvar a víctimas del aborto ilegal” (Clarín, 24/6). Un dato
irrelevante para la presidenta electa, que “ordenó a la Cámara de Diputados
dejar vencer el 10 de diciembre todos los proyectos sobre regulación del aborto
o salud reproductiva”. La lista incluye “media docena de reglamentaciones al
aborto terapéutico o por violación de menor discapacitada y hasta versiones de
autorización para distribución de la píldora del día de después” (Ambito
Financiero , 26/11).
Las reglamentaciones pretendían
bloquear la intromisión judicial en los casos de abortos no punibles (art. 86
del Código Penal). Los médicos “se niegan a practicarlos por el temor de que
alguna asociación cercana a la Iglesia les inicie alguna acción penal que los
tenga en vilo por años”. Como el gobierno “quiere desandar el camino de
desencuentros con ese jefe de la oposición que fue el cardenal Bergoglio” ofrece
“la primera prenda de paz: todos esos proyectos molestos desaparecerán de la
agenda legislativa” (ídem).
El socialista Hermes Binner
está en línea. Salió a desmentir enfáticamente a su designado ministro de Salud,
Miguel Cappiello, que se había pronunciado en favor de la legalización y
comprometido a que “en ningún hospital de Santa Fe va a ser denunciada una mujer
que llegue con un aborto en curso” (La Nación, 21/11): “Él habla de
despenalizar el aborto que está despenalizado por Ley”, dijo el ridículo Binner
antes de presentar sus respetos al obispo Stanovnick (Sin Mordaza,
20/11). En Santa Fe, el 25 por ciento de los partos corresponde a adolescentes
de entre 11 y 19 años.
El gobierno no puede ocultar el
aumento de las muertes por aborto clandestino. Ginés González García reconoció
ante la OMS que durante su gestión “tanto la mortalidad materna en general como
la que se debe al aborto crecieron levemente” (La Nación, 12/10). Sin
embargo, el jefe de Terapia Intensiva de la Maternidad Sardá, José Luis
Golubicki, calcula que “mueren más de 2.000 mujeres al año por abortos
clandestinos mal realizados” y “en todos los casos son las mujeres pobres,
analfabetas, que no acceden a información sanitaria y viven en zonas rurales o
alejadas de la atención médica calificada” (Clarín, 22/8). Nadie lo
desmintió. Ni siquiera la coordinadora de la Campaña por el Aborto Legal, Dora
Codelesky, que opina que “ahora, más que las católicas, el problema en los
Encuentros de Mujeres son los partidos de izquierda” (Le Monde Diplomatique,
noviembre).
Con tantos amigos, la Curia
está envalentonada: “dicen percibir una ‘creciente ofensiva contra la vida
humana’”. Ponen como ejemplo la reglamentación de los abortos no punibles en La
Pampa y la ley de “muerte digna” (que reconoce a los enfermos terminales el
derecho a rechazar que se les prolongue artificialmente la vida) de Río Negro.
“En ambientes eclesiales no descartan hacer una campaña, similar a la de agosto
de 2006, para concientizar a los argentinos de que el aborto es ‘un crimen
abominable contra una persona inocente’” (DYN, 2/12).
Hay que organizar cientos de
comisiones por el aborto legal en todo el país, capaces de doblarle el brazo al
cardenal, a su encumbrada feligresa, a los gobernadores socialistas y a todos
los vendedores/as de piedritas de colores.
Olga Cristóbal
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